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editorial
EL PRIMER PASO A LA PERMISIÓN TOTAL
Por:
Roberto J. Camargo Payares
Director PUBLIENSAYOS.COM
Las reacciones de la sentencia de la Corte Constitucional colombiana que
despenaliza el aborto en tres casos especiales fueron de toda clase, unas
peligrosas, y otras de apego a la decisión. Estas últimas propias de toda
sociedad regida por instituciones sometidas al imperio de la ley, y
aquéllas no tanto.
La iglesia Católica y los grupos anti-aborto no descartaron medios para
reversar la decisión por considerarla amoral. Desde marchas, pasando por
manifestaciones de agravio en los medios de comunicación, hasta propuestas
de referéndum se hicieron con el fin de que esta sentencia, institucional
y de derecho, no tuviese efectos. Excomulgaciones fueron y vinieron desde
antes de que se conociera la comunicación de la Corte, e incluso en época
electoral presidencial condicionaron apoyos a campañas a la declaración
expresa del candidato de desacuerdo al aborto.
Por otra parte, también se vieron las manifestaciones de apego a la ley y
las instituciones democráticas, de políticos, juristas, médicos y
científicos, entre otros, que caracterizan la postura moderna de un
ciudadano civilizado respetuoso de las altas Cortes.
Aunque ya parece una costumbre (reprochable por cierto) rebatir las
decisiones del alto tribunal constitucional -como ha sucedido en el caso
de la Ley de justicia y paz, en el caso del gobernador de Córdoba y en
este en particular-, los representantes de la moral católica con
argumentos propios de su jerarquía de otros tiempos desconocen la mas
elemental mecánica democrática e institucional; no es posible siquiera
insinuar, que decisiones representantes de la voz del Estado se pongan en
tela de juicio mas allá de la concepción filosófica y moral que se
pregone, por fuera del debate jurídico y político. Aún más si son
diferentes a la condición laica de nuestro Estado de derecho.
El pluralismo no es sinónimo de irrespeto a lo diferente, y mucho menos a
lo institucional. Por lo que no se puede confundir pluralismo con
anarquismo.
Cuando vemos que el 25% de las mujeres que han practicado el aborto son
adolescentes, que alrededor de seis mil niñas menores de 14 años están
teniendo hijos, que el 60% de ellas son pobres y el 65% son no deseados,
que el 15% de las muertes maternas son a causa de abortos mal practicados,
constituyéndose en la segunda causa de este tipo de decesos, que el 26% de
las universitarias ha tenido un aborto, así como también que anualmente se
practican entre 300 y 450 mil abortos clandestinos, inmoral es enfrentar
el problema con prohibiciones que en vez de solucionar lo que traen es
mayor clandestinidad e incertidumbre.
Si bien es cierto que la permisión desligada de una educación sexual y
preventiva adecuada es inane y superficial, la prohibición per sé es aún
mas dañina debido a que toda la política pública se encaminaría a la
represión, y definitivamente, esto es lo que ha venido sucediendo, sin
combatir con programas de persuasión las causas del fenómeno.
Por el contrario, permitir que la mujer que soportó golpes, ultrajes,
daños físicos y, por supuesto, sicológicos de un delincuente, decida
-previo concepto de la autoridad competente- si desea tener un hijo
producto de una violación, es consecuente con nuestra realidad social, en
lugar de obligarla a traer al mundo el fruto de esa aberración. En efecto,
el criminal es el violador no la mujer: ella es la victima, mas no el
victimario.
Por otra parte, las malformaciones, a pesar de estar científicamente
comprobada la posibilidad de llevar a feliz término el embarazo, logrando
un niño mas o menos normal, las cargas que trae consigo el cuidado de
ellos, debido a sus características especiales, sumado a la enorme
frustración materna, y las condiciones socioeconómicas que imperan en
nuestra sociedad, evidentemente son superiores a los derechos de la mujer.
Es más que absurdo proponer, en este evento específico, la alternativa de
la adopción como argumento para continuar con la prohibición.
En todos los casos son las personas de bajos recursos los que están
sufriendo los estragos de la prohibición religiosamente exhortada. Los
datos no mienten. Son más las niñas pobres que mueren a causa de los
abortos clandestinos (las ricas tienen para pagar un aborto clandestino de
calidad). Es la sociedad de ‘avivatos’ que inteligentemente refería Lleras
Camargo.
En nuestro sentir, la decisión de la Corte es un acertado y positivo paso
a enfrentar las crudas estadísticas que reflejan la realidad de la mujer
en Colombia. La permisión total y reglada, con instituciones que vigilen
los derechos de la mujer, con un límite temporal de menos de tres meses,
con información completa y socializada en todas las esferas sociales debe
ser el siguiente. La prohibición, sustentada en una postura anacrónica, ha
mostrado sus dramáticos resultados afectando mayoritariamente a la clase
pobre de este país, aquella que no tiene para acudir a los mejores
doctores, tal y como los datos lo revelan.¢
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