ISSN-1900 396X                   

                                                                                                                Julio de 2006 - Año no. 3 - Edición no. 20               

política

Colombia un País Marcado por el Paramilitarismo y el Imperialismo

Una explicación del conflicto armado colombiano y los peligros del desmonte del paramilitarismo en las condiciones actuales.

Por: Leandro Arteta Coronell (COL)

Especial para PUBLIENSAYOS.COM

Colombia es un País marcado en los últimos 50 Años por un conflicto social, político y armado, que ha traído como resultado asesinatos de lesa humanidad, violaciones de Derechos Humanos –DDHH y del Derecho Internacional Humanitario – DIH, cobrando este conflicto centenares de millares de Victimas, produciendo daños irreparables en todos los campos de la Sociedad Civil. Al mismo tiempo es un País que viene siendo golpeado por el flagelo del narcotráfico, sufriendo sus técnicas anacrónicas, como son la ocupación de grandes extensiones de tierras productivas para la siembra y las instalaciones de complejos cocaleros, desplazando así, a las comunidades campesinas e indígenas vulnerables.

 Algunas comunidades Colombianas y extranjeras están mal informadas, con relación al conflicto armado que atraviesa nuestro País y piensan que en ésta guerra participan “tres actores armados”, apoyándose en la versión que el mismo Estado Colombiano y los medios de comunicación han difundido, según la cual, los paramilitares o AUC surgieron por iniciativas privadas de grupos ricos, ganaderos, Empresarios y latifundistas que eran o podían ser victimas de las Guerrillas Colombianas. Las personas que asumen esta versión, distinguen “un actor legal” (la Fuerza Pública Oficial) y “dos actores ilegales”, (Paramilitares y Guerrillas) y sugieren que es justo y necesario apoyar al “actor legal” (Estado) y condenar simétricamente a los “dos actores ilegales”, con el fin de establecer el orden y restablecer la Paz. El Estado Colombiano o “actor legal” tendría esa misión, aún cometiendo “violaciones y excesos” lo que se contemplaría como “errores marginales” que el Estado se forzaría por corregirlos.

 Pero la realidad es otra, y está muy claro que el paramilitarismo desde su origen constituye una política de Estado y quedó demostrado cuando estos grupos armados se afianzaron con la conformación de las CONVIVIR , grupos de sicariatos financiados por el estado Colombiano. Indudablemente toda esta política es diseñada como mecanismo para “violar las leyes de la guerra” a favor de sus intereses económicos, políticos y hasta culturales e igual con la finalidad de exterminar maneras de pensar contrarias al Sistema vigente..., para eliminar cualquier forma de socialismo, rebelión y revolución que siempre ha sido una de las constantes históricas en búsqueda de sistemas políticos, con el fin de asentar el orden y condicionar mejores niveles de vida, entre estos la igualdad de derechos sociales. Acabando así la preferencia por el ascenso en la vida publica –poder- que ha existido en nuestro país en manos de familias.

 En este Orden de ideas, no hay dudas en el fundamento de que el conflicto armado que vive Colombia solo se desarrolla entre “dos actores” (Estado e Insurgencia). El primero de estos que vive bajo una ilegitimidad debe su existencia y financiación al mismo estado y busca mediante mecanismos jurídicos, como es el “proyecto de Justicia y Paz” (Ley 975/005), el perdón, el olvido, la protección e impunidad de estos grupos de Derecha extrema.

 Para tomar una posición frente al conflicto armado, no solo es necesario analizar el campo de los medios de Guerra, sino que hay que hacer un discernimiento profundo y ético en el campo de los fines, considerando que la Paz en Colombia y en el Mundo solo puede ser Paz cuando sea fruto de la Justicia y se acepte que el conflicto armado es una expresión no distorsionada y lamentable de un conflicto social, que atañe a la sociedad civil y que no ha encontrado otro tipo de soluciones; es así que mientras en Colombia exista y siga funcionando un Sistema Judicial débil, ineficiente e ineficaz y corrompido por esferas políticas influyentes será imposible que se visualice un verdadero proceso de Paz.

 En resumen, castigar el conflicto sin entrar a estimar lo que buscan los actores dentro del mismo es solo echar una mirada a los medios utilizados, obviando los fines de esta guerra interna y desviando la mirada del conflicto social que la determina; es limitarse a enfrentar los efectos, negándose a enfrentar las causas.

 Es desacertado interpretar el conflicto armado en Colombia como una Guerra solo entre “Actores Armados” e igual pensar que estos se enfrentan por causas que no le interesan al resto de la Sociedad y que por tal razón hay que luchar para que el conflicto no afecte al resto de la Sociedad, no sin antes exhortar a los Armados a que utilicen medios pacíficos para que solucionen sus “diferencias”; tal posición es una imagen muy desfigurada de la verdadera clase de Guerra que vive Colombia ante la cruda realidad, donde el más elevado porcentaje de victimas, rodeando el 90%, son civiles desarmados y la mayor parte de este porcentaje no muere por estar en el “cruce de fuegos ajenos o balas perdidas de la Guerra” sino como se dijo anteriormente, porque ésta fue diseñada desde su inicio para eliminar toda forma de pensar que no se ajuste a las clases sociales que representan los intereses de los sectores económicos y políticos más poderosos  y que no se acomode a las políticas impositivas del actual imperialismo y que ha marcado la vida política de nuestro país.

 Es este mismo Estado el que lleva a calificar como “combatientes” a quienes militamos en movimientos sociales y políticos que han optado por vías pacíficas y legales de lucha, pero que mueren, son desaparecidos, torturados, encarcelados, desplazados y perseguidos bajo la etiqueta de “insurgentes” única forma que ha encontrado el Estado de “legalizar” la eliminación de Dirigente Sociales y Líderes Campesinos.

 En la coyuntura actual, a algunas comunidades Nacionales e Internacionales el Estado y los Medios de Comunicación de Derecha les han vendido y diseñado una falsa visión del paramilitarismo, de su trayectoria, de los fines y estrategias, llevando a creer en la “Paz Paramilitar”. La ignorancia sobre todas las circunstancias que dieron origen al paramilitarismo como política de Estado, así como su desarrollo en el organigrama Militar Oficial, a través de los “Manuales de Contrainsurgencia” y de otros mecanismos e instrumentos que pretendieron darle un “Estatus Legal” es una ignorancia que lleva a considerar a los paramilitares como un “tercer Actor en la guerra” y ese carácter de “Actor independiente del Estado” ha proporcionado los fundamentos para que se crea en una “negociación de Paz” mediante una viciada Ley denominada “Proyecto de Justicia y Paz” (Ley 975/005); negociación entre Estado y Paramilitarismo, la cual en estricto sentido, para quienes no ignoramos su verdadera historia, naturaleza y desarrollo, es una negociación del Estado Colombiano consigo mismo.

 El Paramilitarismo en Colombia ha recorrido diversas etapas o fases, mediante estrategias cuidadosamente trazadas a corto y largo plazo. Mucha gente interpreta el supuesto “ablandamiento” de algunos grupos paramilitares como un proceso de “civilización”, al ver la amplia difusión del Estado y de los Medios de Comunicación de ceremonias de “Entregas de Armas, falsas desmovilizaciones y negociaciones de Paz”, sin comprender que todo hace parte de un plan que tiene etapas calculadas, para lograr el dominio progresivo de un pueblo, al cual pretenden impedirle que alcance niveles de Justicia elemental. En efecto el Paramilitarismo se ha implantado en todas las regiones del País a través de etapas de terror, acompañadas de grandes masacres y desplazamientos masivos  de Personas, eliminando toda una generación de Líderes Sociales y Dirigentes Campesinos y erradicando numerosos espacios reivindicativos y democráticos. Una vez que van sometiendo a la población a su dominio, pasan a una segunda  fase la represión más selectiva. Cuando logran cierto nivel de sometimiento y cooperación, pasan a una tercera fase que consiste en controlar la organización de las comunidades, administrando las Instituciones Públicas y Privadas y difundiendo en todas las formas discursos de “Paz” que incorporan un lenguaje de “Progreso”. En una cuarta fase, que es la que vivimos predominantemente bajo el actual paramilitarismo clandestino que van consolidando un gran poderío económico y político en el cual los dineros y las hojas de vida sucias se van “purificando” mediante mecanismos de impunidad como lo es el mencionado Proyecto de Justicia y Paz (Ley 975/005); ley que solo es una trama de carnaval y comparsas, con sus actores JORGE 40, MANCUSO, ERNESTO BAEZ, entre otros, representando una falsa desmovilización; con el fin de apoderarse más de un Estado, a través de “estratagemas legalizadas”; Estado que ha llegado a unos extremos inconcebibles de corrupción, en busca de una reelección hecha realidad.¢
 

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